La Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas de la Costa Ecuatoriana (Conaice) denunció a través de un comunicado su malestar y preocupación por el acoso y violencia política que sufre su máximo líder Leonidas Iza por parte del Gobierno neoliberal de Daniel Noboa y la derecha, y apoyó a la candidata presidencial Luisa González, quien denunció la comisión de fraude durante el balotaje.

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Además de repudiar el hostigamiento a Iza, quien lidera la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), los integrantes de Conaice denunciaron el mal trato que brindó el Gobierno de Noboa a los habitantes de territorios que sufrieron embates de la naturaleza y en especial a aquellos que se vieron afectados por el derrame de petróleo en la provincia de Esmeraldas (norte), el cual contaminó sus fuentes de agua y afectó a una cifra superior a las 500.000 personas.

Bajo el lema de ¡Unidad, territorio, justicia e identidad!, la Conaice también apoyó a Luisa González como presidenta de la República, expresó su absoluto rechazo a las políticas neoliberales y cuestionó el gasto de 500 millones de dólares en diez días por parte del Gobierno, previo al balotaje, en una campaña para “comprar conciencias en el seno del pueblo”.

Conaice llamado a la ciudadanía a construir procesos populares y por la socialización del «Acuerdo por la Vida» firmado entre Pachakutik y Revolución Ciudadana. Por otra parte, expresó haber abordado en su seno temas como el fortalecimiento de su visión pluricultural de dirigencia y el carácter popular de su accionar político.

La Conaice emitió este pronunciamiento jornadas después de Luisa González denunciase fraude en la segunda vuelta de las elecciones, el pasado 13 de abril. Tras el balotaje, la candidata a la Presidencia manifestó que desconoce el resultado, denunció fraude y adelantó que pediría un reconteo de votos.

González señaló que Noboa incurrió en abuso de poder. Nunca pidió licencia a la Asamblea Nacional para hacer campaña y empleó recursos públicos en su beneficio, no cumplió la Constitución al no delegar la Presidencia a la vicepresidenta electa en las urnas, Verónica Abad, y utilizó al CNE para imponer su agenda autoritaria.

En paralelo, la candidata y diversas organizaciones denunciaron un amedrentamiento general a la ciudadanía a partir de que Noboa declaró estado de excepción en 9 provincias donde el voto no le era favorable. Esta medida fue aplicada sin motivos de fuerza mayor y vulneró la protección de garantías fundamentales. A lo anterior se unió la militarización excesiva de recintos electorales.

Además, el Gobierno impuso cambios de sedes de centros de votación y, entre otras acciones, impidió el ingreso al país de veedores internacionales que observarían la transparencia de los comicios.

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